La plantilla del Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS), encargada de tramitar las solicitudes del Ingreso Mínimo Vital (IMV) aprobado aceleradamente por el Gobierno a finales de junio, asegura que se están aprobando «muy pocas» de las miles que se han recibido. «No sabemos el número exacto, pero se están aprobando muy pocas», explican desde CSIF, principal central sindical de este organismo público.
Desde el Ministerio de Inclusión y Seguridad Social, que dirige José Luis Escrivá, explican que los únicos datos disponibles son los que dio el ministro referidos al cobro de la renta mínima de junio. «Próximamente daremos nuevos datos, no hay fecha», señalan. El ministro anunció que se habían abonado 74.119 pagos a familias que se les había aprobado la prestación de oficio, con un coste cercano a los 32 millones de euros.
Estas fuentes explican que de momento no son públicos los datos de julio, y que el Ministerio se está centrando en cerrar un protocolo con las regiones y con los ayuntamientos para garantizar que se realiza el pago a las personas que realmente cumplen los requisitos, además de poder complementarlo con las ayudas locales. «Se están produciendo muchas duplicidades -la ayuda es por hogar- y hay muchas solicitudes que tienen muchos errores y hay que volver a tramitarlas», explican desde el Ministerio.
El resultado de todo esto es que el ministro Escrivá no ha dado los datos referidos a julio sobre las solicitudes recibidas y las aprobadas, y el número de prestaciones pagadas, como hizo en junio.
El Gobierno aprobó el Ingreso Mínimo Vital en junio después de una batalla interna entre el PSOE y Podemos. Los socialistas eran partidarios de organizar bien el proceso de la prestación para que no hubiera errores en los pagos, y hablaron de esperar a después del verano para dar luz verde a la medida. Podemos, en cambio, exigió su aprobación urgente.
Una vez aprobada la medida, y anunciado el pago de las primeras ayudas, ahora el Ministerio está cerrando con los ayuntamientos los protocolos de actuación.
Además, según los datos de las primeras prestaciones abonadas el coste de esta medida va a ser superior a la prevista por el Gobierno, 3.000 millones de euros, y se elevaría por encima de los 4.000 millones. Según el informe de ejecución presupuestaria de junio, Hacienda ha transferido a la Seguridad Social 150 millones de euros para el pago de esta renta mínima, de los 500 millones previstos.
Avalancha de solicitudes
Mientras, la plantilla del INSS sufre las consecuencias de la avalancha de solicitudes. El último dato facilitado por el ministro, el 10 de julio, elevaba hasta las 510.000 las peticiones recibidas por la Seguridad Social. Escrivá advirtió de que más de la mitad se rechazarían y que el Gobierno se había visto sorprendido por el elevado número de peticiones.
La consecuencia de esto ha sido la apertura de un proceso para contratar a 550 personas para la institución, después de que Escrivá reconociera que existe un déficit de personal.
Además, empleados del INSS están dando marcha atrás en su decisión de apuntarse voluntariamente a trabajar horas extra para tramitar las solicitudes ante la avalancha recibida. «No podemos dar servicio a tanta solicitud con la plantilla que tenemos dedicada a este tema, unas 5.000 personas. El ministro Escrivá dijo que la nueva prestación afectaría a unas 850.000 familias, pero nuestros cálculos es que lo van a pedir unos tres millones de hogares», explican fuentes del CSIF.
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